Colombia: En cuarentena el maltrato fue un miembro permanente en las familias más vulnerables

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Redacción La Tribuna de Todos

Los llantos desesperados de los mellizos de dos años, que vivían en la casa contigua, alertaron a los vecinos.

Preocupados, se acercaron a la vivienda ubicada en una comunidad rural, a las afueras de Bogotá. Llamaron insistentes, pero nadie respondía. Por eso se atrevieron a tumbar la puerta de la casa para auxiliar a los pequeños.

Lo que vieron a continuación los aterrorizó: la madre no solo se había quitado la vida, estaba atada a la pata de una cama con la misma cadena que usó en el cuello. El enlace medía aproximadamente tres metros, lo suficientemente largo para llegar al cuarto de los niños y a la cocina, pero no tanto para asomarse a la ventana de la casa y mucho menos acercarse a la puerta.

La mujer presentaba signos de abuso sexual y tortura; las cadenas habían lastimado tanto su pie que tenía cicatrices profundas y laceraciones. Ningún espacio de su cuerpo había quedado libre de maltrato. El informe forense determinó que se había ahorcado con la cadena que su esposo usó para tenerla cautiva.

El hombre, cónyuge de la víctima, era conocido en la comunidad como un tipo amable, buen vecino y colaborador, a quien nunca antes se le conoció algún escándalo. Solo se sabía que iba del trabajo a la casa. Los vecinos estaban al tanto de que estaba casado y que tenía unos mellizos, aunque nunca vieron a su esposa.

Este terrible episodio de violencia ocurrió a mediados del mes de mayo de 2020. El caso llegó a manos de una organización dedicada a la atención de comunidades vulnerables, que trabaja de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que mantiene en reserva su nombre en respeto a la confidencialidad de las víctimas.

La ONG acompañó el proceso de reubicación de los mellizos, quienes quedaron en protección del Estado, mientras se desconoce el paradero del padre, hoy buscado por las autoridades.

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y abril de 2020 se registraron 132 suicidios, de los cuales 37 eran menores de edad y 95 mayor de 18 años.

Esta cifras preocupan a los expertos en salud mental, quienes advierten sobre los efectos psicológicos del confinamiento en las mujeres y su incidencia en la tasa de suicidios.

“Muchas mujeres están sufriendo trastornos psicológicos debido a los constantes maltratos. Todo esto aumenta la ansiedad y la depresión”, dijo la psicóloga Ruth Rivera.

La experta opina que existen dos tipos de suicidio. El suicidio emocional, “que se basa en la idea: estoy con mi pareja porque me toca, porque no tengo otra opción” y el suicidio biológico, en el que la mujer decide acabar con su vida “y ya no puedes hacer nada”. Ese que, en la mayoría de los casos, empieza con una violencia psicológica perpetuada por años, destacó.

En el desamparo por omisión

Con 19 años de edad y madre de dos hijos, el futuro es incierto para una joven venezolana que hace dos años llegó a Bogotá. Lo hizo junto a su pareja con quien emigró, tras huir de la crisis económica y política que atraviesa su país, tal y como lo han hecho casi cinco millones de venezolanos, según la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).

A pocas semanas de que el gobierno decretara la cuarentena obligatoria en Colombia, en marzo, su pareja y padre de sus hijas se fue del lugar donde vivían. El hombre se llevó sus documentos de identidad. La dejó junto a una niña, de cinco años, con Síndrome de Down y otra en camino, de siete meses, que lleva en su vientre. Sin dinero y sin empleo la deuda del arriendo aumentó y pronto le pidieron que desalojara ante la falta de pago. 

Sin saberlo o no, su pareja cometió el delito de violencia por omisión establecido en la Ley 1257 del 2008, que protege a las mujeres de una vida libre de violencia en Colombia.

En Colombia, la violencia contra las mujeres fue peor para las niñas, adolescentes y mujeres de raza de color, y para quienes viven en zonas rurales o comunidades indígenas. Lo mismo que para las mujeres migrantes en confinamiento que fueron desalojadas de los alquileres en los que habitaban, pese a que por decreto el gobierno prohibió hacerlo, tal como lo pudo detectar el Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

En medio de la incertidumbre que la rodea, la joven madre logró conseguir apoyo de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de la mujer, quienes la ayudaron a pagar por un tiempo más el arriendo. Asimismo, fue beneficiada por el programa de alimento “Colombia Cuida Colombia”, una iniciativa privada de la sociedad civil que trabaja de la mano con aliados para entregar donaciones a las poblaciones vulnerables, con el fin de mitigar el impacto negativo del COVID19 en seguridad alimentaria y salud,.

Hoy esta madre se encuentra a la espera de ser trasladada a un centro especial de atención hacia mujeres que están solas con niños en condiciones precarias.

Heredar la violencia

Para Nana, nombre que usaremos para proteger su identidad, es frecuente ver los gritos y maltratos que su madre recibe a manos de su papá. Aunque tiene cuatro años de edad, se da cuenta de que son muy similares a los que recibe su abuela, de 68 años, de parte de su abuelo, de 73, quien siempre la golpea y hasta la obliga a trabajar; mientras su tío se mantiene distante de los conflictos.

Sin embargo, es su mamá, de 30 años, quien sostiene el hogar, ubicado en el sector Nuevo Escobal de Cúcuta, en Colombia. Antes de la pandemia, la mamá de Nana trabajaba con la venta de comida en la calle, pero con las medidas de aislamiento obligatorio la situación es cada vez peor para la familia que se quedó sin ingresos. Ahora su madre trata de resolver el sustento diario mediante labores como personal doméstico en casas de familias.

De acuerdo con el informe de la Consejería Presidencial para la Mujer sobre el impacto de la COVID-19 en las mujeres colombianas, 650 mil mujeres trabajan como empleadas domésticas, de las cuales 77% se dedican a la economía informal, por lo que sus ingresos no están garantizados durante la cuarentena, según datos procesados a partir del microdato de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para la actividad empleados domésticos en hogares privados, de 2019.

En este hogar, la violencia ha sido una terrible herencia en la familia. Desde marzo, cuando declararon oficialmente el confinamiento, la situación ha escalado; el padre de la pequeña se puso más agresivo. Él se excusa en la desesperación que le causa la falta de empleo y no poder salir, aun así no cesan los maltratos. Ni los de él ni los que su abuelo ejerce contra su abuela.

Para el mes de mayo, la tasa de desempleo alcanzó la cifra histórica de 21.4% en Colombia como consecuencia de los efectos que ha provocado la pandemia. Los resultados también indican que 15.2 % de los hombres están desempleados, mientras que las mujeres ocuparon 21.4 % en el período que va de marzo a mayo de 2020.

Como muchas familias que dependen del arriendo y se han visto afectadas por la pandemia, sobre ellos pesa una orden de desalojo debido al retraso en el pago, aun cuando el gobierno prohibió hacerlo como medida de protección para los sectores más vulnerables.

Especialistas añaden que los Estados olvidaron tomar en cuenta que el encierro puede ser más letal, incluso que el propio COVID-19, en especial para las mujeres que habitan hacinadas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema. En el caso de Colombia, “las medidas desfavorecen a las personas de los extractos más bajos. Incluso los llamados ‘sin techo’ que viven en la calle o quienes dependen de un alquiler”, expresó Gabriela Chacón, codirectora del Observatorio de Género del Norte de Santander.

“Lo que ha sucedido en confinamiento es el incremento de una violencia que ya estaba, solo que ahora se sumaron dos elementos perversos; el encierro y la falta de ingresos económicos sin empleo. La cuarentena trajo a su vez hambre y eso fue un iniciador de violencia” que, junto al estrés, incrementó los peligros a los que ya estaban expuestas, afirmó Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar (JuanFe).

Por el momento, la madre de la pequeña de cuatro años decidió no denunciar a su pareja. A diferencia de su abuela, ella se enfrenta al agresor, por lo que tiene confianza en que sabrá sobrellevar cualquier situación en el futuro.

La abuela, por su parte, tampoco quiere denunciar. Ambas se consuelan mientras conviven con sus agresores. Por ahora reciben apoyo de una ONG que trabaja con personas en condiciones de vulnerabilidad en la frontera colombo venezolana.

Y Nana solo observa.

Con el enemigo en casa

La violencia psicológica es una constante en las historias documentadas en esta investigación, pero tras ella está la violencia económica que vulnera a las mujeres porque les quita la libertad de desarrollarse o las hace dependientes de su agresor. Así es el caso de una madre, 38 años, con dos hijos (uno mayor de edad y otro de 13 años).

A mediados de abril de 2020, justo cuando se había oficializado la cuarentena estricta, Su esposo, de 40, la sacó de la casa junto a su ropa, con el argumento de una supuesta infidelidad.

Ella pasó horas en las calles intentando que él abriera la puerta, pero ante la negativa tuvo que pedirle a su hermano que la recibiera por el momento. Al siguiente día interpuso una denuncia en contra de su pareja ante la Comisaría de Familia de Bogotá.

Antes de sacarla a la calle, el esposo le había quitado los documentos que certificaban que ambos tenían una sociedad conyugal. Sin embargo, durante la audiencia se determinó que era ilegal la acción que él tomó, por lo que a ella se le otorgaron medidas de protección para volver a su domicilio, con la aclaración de que por ningún motivo podía ser agredida por su esposo.

Desde entonces, ambos conviven de nuevo a la espera de interponer una solicitud de divorcio ante los tribunales, una vez cese la emergencia sanitaria en el país por la pandemia.

La violencia recorre las calles de Kennedy

Corría la última semana de mayo de 2020. Ese sábado, los habitantes de la localidad de Kennedy, ubicada en Bogotá, se encontraban en plena aplicación del aislamiento obligatorio impuesto por el gobierno cuando una trifulca en la calle llamó su atención.

Era una nueva golpiza en la que el vecino violentaba a su pareja. La situación hizo que algunos residentes del lugar salieran de sus casas e incumplieran la orden de cuarentena para separarlos y salvarla.

Para el 30 de mayo, la localidad de Kennedy representa casi 30 % del contagio de coronavirus en la capital, y las autoridades se enfocaban en hacer un cerco epidemiológico para evitar la velocidad del contagio en la zona. En un contexto tan complicado, la pandemia vino a sumarle más problemas a esa comunidad, porque la mayoría de las personas están en casa, sin trabajo y con mucho tiempo libre.

Todo empezó cuando la familia, conocida por sus habituales conflictos, decidió hacer una reunión con invitados, pese a que la cuarentena obligatoria lo prohibía.

Cerca de las 6:00 pm se alteraron los ánimos en la casa durante la celebración. El exceso de alcohol alteró a dos de los hombres que se encontraban en la fiesta, y lo que comenzó como una diferencia de opiniones terminó con golpes y cuchillos en las manos de ambos, quienes se amenazaban mutuamente, recordaron testigos del incidente.

Antes de ser agredida, la mujer, de 36 años, salió a contener a su esposo, de 40 años, dueño de la casa donde se realizó la fiesta. Le exigió que terminara la pelea, pero esto lo disgustó y se abalanzó contra ella.

La mujer desesperada corrió a la calle. Vecinos que habían escuchado la discusión corrieron a separarlos, mientras otros llamaron a la policía. La escena ocurría también frente a la hija de ambos, una pequeña de seis años.

La policía detuvo a los dos hombres, quienes fueron llevados a la comisaría, pero en menos de 24 horas ya estaban libres porque el esposo de la víctima es abogado y, según explica su esposa, usó sus contactos para que no se le abriera ningún procedimiento.

Ella, por su lado, lo recibió nuevamente en casa, con miedo. Asegura que cuando pase la pandemia “tomará una decisión” sobre si seguir con él o no. En la mayoría de estos casos, el victimario se excusa en que la violencia fue producto del alcohol.

¿Qué fue de ella?

Era la medianoche del 30 de mayo cuando un mensaje por WhatsApp llegó a una de las línea de ayuda que atendía la psicóloga de turno.

“Perdone que le escriba tan tarde, es que mi esposo llegó borracho, me dijo que me quería pegar, dijo que me quería matar y yo estoy desesperada”.

Desde que comenzó la cuarentena, las agresiones y los maltratos por parte de su esposo se intensificaron en el hogar. También las amenazas de quitarle a sus hijos. La víctima relata que el hombre consume más alcohol que de costumbre.

Ella argumenta que soporta la violencia porque, aunque ha tratado de irse de casa, su esposo siempre se lo impide y la amenaza: “Si quieres te vas tú, pero a ellos no te los vas a llevar”, contó.

En la breve conversación que tuvo con la psicóloga de turno, le confesó que se siente deprimida y desesperada.

“El miedo las paraliza y el victimario siempre consigue la manera de atemorizarlas, ya sea con violencia física o psicológica”, señaló la especialista, quien contó el caso en anonimato.

En el último mensaje la psicóloga le rogó que se resguardara. Sin embargo, desde ese día no le ha vuelto a contestarle. Teme por su seguridad.

“Las estadísticas ya advertían que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres y que los domingos es el día más peligroso. De manera que el aislamiento se convirtió en 70 domingos seguidos. Lo que hicimos fue meterlas en la jaula del león”, expresó Beatriz Quintero, activista y coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.

La vulnerabilidad aumentó cuando las mujeres quedaron encerradas, con pocos canales de comunicación y formas de denuncia que exacerbó los controles de los victimarios sobre ellas, agregó.

Violencia en todo el país

El aumento de las llamadas para denunciar violencias en el hogar se repitió en las secretarías de Atención de Género de otras entidades del país, según reportes de los observatorios. También en cada una de las organizaciones que abordan la defensa de las mujeres en Colombia, como la Fundación TAAP que trabaja con víctimas en condiciones de vulnerabilidad, conflicto armado y migrantes venezolanos.

“Tenemos reportes que prueban el estudio hecho por la organización Profamilia. Ellos encontraron un aumento del 78% de las afecciones por salud mental en personas durante la cuarentena, por temas de ansiedad y depresión relacionados a ambientes muy hostiles. Y eso es lo que vimos desde el primer fin de semana que se decretó la cuarentena, cuando tuvimos un incremento de 30% de las denuncias que recibimos a diario”, señaló Gaby Arenas de Meneses, directora de la fundación.

Entre enero y abril de 2020, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 261 homicidios; 8.004 lesiones de violencia interpersonal y 5.398 presunto delito sexual. De ellos, 4560 eran menores de 18 años de edad y 838 mayores de 18. Asimismo, 13 843 reportes sobre violencia intrafamiliar; 955 violencia contra niños, niñas y adolescentes y 10 218 casos de violencia de pareja


Estos testimonios forman parte de la investigación Violencia contra las mujeres: pandemia invisible, un proyecto transnacional y colaborativo que se realizó en alianza con los medios Te Lo Cuento News(Estados Unidos), La Lupa (Nicaragua), Expediente Político (México), Periódico laCuerda y Asociación La Cuerda (Guatemala),  La Tribuna de Todos (Venezuela), y Revista La Brújula (El Salvador).