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Congreso colombiano debate ley para recuperar activos venezolanos provenientes de la corrupción

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Con información nota de prensa

El Congreso de Colombia se encuentra debatiendo para sancionar una ley para detectar, congelar y recuperar activos producto de la corrupción en Venezuela, así lo dio a conocer la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Gaby Arellano.

La diputada detalló que “en la Comisión primera del Senado, se llevó por segundo día la discusión sobre la Ley de Restauración de la Democracia en Venezuela, una normativa que impulsa el senador Rodrigo Lara, que tiene como objeto capturar todos los recursos provenientes de los ilícitos producto de la corrupción de los personeros del gobierno de Nicolás Maduro que hoy lavan dinero en gran parte de Latinoamérica”.

“El Senador Rodrigo Lara encabeza este proyecto y está trabajando desde la Cumbre en Cúcuta, en cumplimiento de los acuerdos que hicimos los parlamentarios de toda América latina para lograr la restauración de la democracia en Venezuela, como lo es primeramente, el respaldo la Asamblea Nacional y segundo poder recuperar todo ese dinero que está afuera de manera ilícita y que ha generado que hoy haya una gran escasez en los anaqueles y de medicinas en nuestro país”, dijo la diputada.

Arellano agregó que desde la Asamblea Nacional respalda esa ley y exhortan a todas las bancadas democráticas del Congreso de Colombia a que de manera diligente se apruebe dicho proyecto para detener a los corruptos del gobierno madurista, que luego de la sanciones económicas impuestas por EEUU, Canadá y la Unión Europea, “movieron todos sus activos hacia América latina”.

La parlamentaria venezolana esperan que Colombia sea pionera en esta ofensiva institucional y que sea aprobada por toda las bancadas del Congreso de la República de Colombia.

“Aún cuando sabemos que existe mayoría en el parlamento por el Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente Iván Duque, esperamos que no se dilate más sino que tenga una aprobación y un acompañamiento de todo el Legislativo y de todo el Poder Ejecutivo colombiano, para poder seguir generando la presión institucional, financiera y diplomática a los corruptos que son responsables de la hambruna que hay en Venezuela”, explicó Arellano.